La reciente intervención de Estados Unidos contra Venezuela, culminada en el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, constituye una violación flagrante del Derecho Internacional. Este acto contraviene de forma directa la Carta de las Naciones Unidas, en particular el artículo 2.4, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, así como el principio de no intervención y la inmunidad de los jefes de Estado, pilares básicos del orden jurídico internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

No estamos ante una excepción, sino ante la continuidad de un patrón histórico. Desde 1945, Estados Unidos ha participado en más de 200 conflictos e intervenciones militares. Esta cifra, ampliamente documentada por organismos académicos y parlamentarios, evidencia que el recurso sistemático a la fuerza no ha sido una anomalía, sino una herramienta estructural de su política exterior. Dicha política ha servido, de manera reiterada, a la defensa de un capitalismo salvaje, orientado al control de recursos energéticos estratégicos, de tierras raras esenciales para la industria tecnológica (Ucrania, Bolivia, Perú) y de rutas comerciales clave como el Canal de Panamá.

La actual escalada de agresividad bajo la presidencia de Donald Trump debe analizarse también desde una perspectiva geopolítica más amplia: la pérdida progresiva de hegemonía estadounidense frente al ascenso de nuevas potencias, en particular China. Cuando una potencia dominante percibe amenazada su primacía, el respeto al derecho tiende a ceder ante la imposición por la fuerza. La historia demuestra que este tipo de reacciones no preservan el orden internacional, sino que lo erosionan peligrosamente.

Especialmente grave resulta el papel de la Unión Europea, cuya respuesta ha vuelto a ser el silencio. Este mutismo institucional no es nuevo. La pasividad europea ante el genocidio que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino en Gaza ha enviado al mundo un mensaje devastador: “se puede exterminar a un pueblo, asesinar a bebés, mujeres y niños inocentes, y no pasa nada”. Esa ausencia de consecuencias ha actuado como un poderoso incentivo para nuevas violaciones del Derecho Internacional, incluida la actual agresión contra Venezuela.

El paralelismo histórico es ineludible. En los años treinta, las potencias europeas respondieron con miedo, apaciguamiento y sumisión a las agresiones de la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler: la anexión de territorios soberanos, la militarización ilegal y la intervención directa en la Guerra Civil española se toleraron en nombre de una falsa estabilidad. El resultado fue catastrófico. Si el Derecho Internacional y la legalidad democrática se hubieran defendido con firmeza entonces, quizá el mundo habría evitado la Segunda Guerra Mundial.

Hoy nos enfrentamos a una disyuntiva similar. El debilitamiento de las democracias, especialmente en Europa, está alimentando el auge de fuerzas autoritarias y fascistas que parecían relegadas al pasado. Cuando las democracias renuncian a defender sus propios principios, dejan de ser un freno a la barbarie y se convierten en su antesala.

La paz futura no se construye con silencios ni complicidades, sino con el cumplimiento estricto del Derecho Internacional, la condena inequívoca de toda agresión y de todo genocidio —desde Gaza hasta Ruanda o Srebrenica— y el rechazo absoluto de la ley del más fuerte. La actitud actual de la Unión Europea y de muchos de sus dirigentes no es solo moralmente inaceptable: es profundamente peligrosa. Persistir en ella equivale a caminar, una vez más, hacia el abismo.

Este artículo fue escrito por Carlos Brú, del Colectivo de Madrid

¿Quieres mantenerte informado/a sobre las actividades de DiEM25? Suscríbete aquí