DiEM25 condena rotundamente las últimas acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela, que constituyen una grave escalada y un claro intento de derrocar al gobierno desde el exterior. El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses representa una violación fuera de lo común del derecho internacional: la destitución forzosa de un jefe de Estado por una potencia extranjera, llevada a cabo sin mandato ni fundamento legal alguno de la ONU.
Lo que estamos presenciando recuerda los capítulos más oscuros de la geopolítica del siglo XX, y demuestra que el fantasma de Henry Kissinger está muy presente en la política exterior estadounidense actual, reviviendo una doctrina en la que la soberanía, la autodeterminación democrática y la vida civil son consideradas prescindibles siempre que obstruyan los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Historial de la intervención imperial
Este ataque encaja perfectamente en la larga y devastadora historia de la intervención estadounidense en Sudamérica, desde Chile en 1973 hasta Argentina, Brasil, Guatemala, Panamá y la maquinaria continental de la Operación Cóndor. Una y otra vez, Washington afirmó defender la democracia mientras al mismo tiempo la socavaba, destruyendo el pluralismo político y dejando sociedades fracturadas y traumatizadas. Venezuela ahora está sometida a esta misma lógica imperialista.
Militarismo en el exterior, autoritarismo en casa
Esta agresión también debe entenderse en su contexto político interno. Tras las acciones de Donald Trump se esconde no sólo un proyecto de dominación externa, sino una estrategia más amplia de subyugación interna. La agresión militar extranjera ha servido durante mucho tiempo para consolidar el poder ejecutivo, dominar a la clase trabajadora estadounidense y redirigir la indignación social hacia enemigos ilusorios, alejándola de la percepción de la desigualdad. La lógica autoritaria desplegada en el extranjero tiene por objetivo convertirse en la norma dentro de las fronteras.
Por lo tanto, este asalto militar no es simplemente una maniobra para asegurar el control de los recursos. Es también un espectáculo político cuyo objetivo es reunificar una base política fracturada mediante el militarismo, el miedo y la glorificación de la fuerza. La historia demuestra que los gobiernos dispuestos a pisotear el derecho internacional rara vez se contienen cuando se trata de erosionar los derechos democráticos dentro de su país. Los métodos ensayados en el extranjero —represión, excepcionalismo y criminalización de la oposición— son los mismos métodos que luego se aplican internamente contra trabajadores, manifestantes, migrantes y cualquiera que se atreva a disentir.
La complicidad de la Unión Europea
De igual manera, la conducta de la Unión Europea en este asunto forma parte de un colapso moral y político sistémico. La misma UE que se alinea con la agresión estadounidense para derrocar al gobierno de Venezuela es la que ha proporcionado cobertura política, diplomática y material al continuo genocidio israelí contra los palestinos en Gaza.
El carácter discrecional y selectivo del compromiso de Europa con los derechos humanos ha quedado plenamente expuesto: el derecho internacional sólo se invoca cuando sirve al poder y se descarta cuando limita a aliados políticos. Las declaraciones de los líderes de la UE, incluidas las de la Alta Representante Kaja Kallas, se han hecho eco de los argumentos de Estados Unidos, evitando cuidadosamente defender los principios del derecho internacional, la soberanía o la paz.
Al subordinar la política exterior europea a los intereses militares, corporativos y geopolíticos de Estados Unidos, la UE se ha convertido en un cómplice político de una guerra neocolonialista. Con ello ha abandonado los principios que pretende defender: el multilateralismo, el Estado de derecho y la resolución pacífica de conflictos. Una Unión Europea que no puede oponerse claramente al secuestro de un jefe de Estado, a la violación de la Carta de las Naciones Unidas y el uso de la fuerza para imponer decisiones políticas, es cómplice de tales acciones ilegales.
Arrojando luz sobre la hipocresía de Estados Unidos y la Unión Europea
Este episodio también invita a un simple ejercicio de coherencia. Si ahora es aceptable que un Estado poderoso secuestre al líder electo de otro país y lo someta a los procesos judiciales que le parezcan convenientes, cabría preguntarse razonablemente cuándo Estados Unidos pretende aplicar este principio universalmente. ¿Comenzará con Benjamín Netanyahu o la doctrina está reservada sólo para los enemigos oficiales?
¿Y cómo, precisamente, respondería Washington si Rusia capturara al presidente Volodímir Zelenski y lo entregara a los tribunales rusos, alegando su propia interpretación de la legalidad y la justicia? Tal acto sería, con toda razón, denunciado como un acto de agresión y una flagrante violación del derecho internacional. El hecho de celebrarlo cuando lo hace Estados Unidos nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo funciona realmente el «orden basado en normas».
Venezuela enfrenta profundos desafíos políticos y económicos, y su futuro debe forjarse mediante procesos democráticos, inclusivos y pacíficos. Sin embargo, estos desafíos no pueden resolverse mediante la intervención militar extranjera ni la coerción externa.
Por lo tanto, DiEM25 insta a Estados Unidos y a la Unión Europea a:
- Cesar de inmediato todas las operaciones militares y acciones coercitivas contra Venezuela.
- Aclarar la situación jurídica y el paradero de Nicolás Maduro en conformidad con el derecho internacional.
- Poner fin a todas las agresiones contra el gobierno venezolano, públicas o encubiertas.
- Reafirmar el respeto incondicional a la Carta de las Naciones Unidas.
- Levantar las sanciones, que castigan colectivamente a la población civil.
La Unión Europea debe rechazar la intervención imperialista, romper con su papel de vasallo geopolítico de Estados Unidos y elegir la paz, la democracia y la justicia global por encima de la fuerza y la obediencia al poder.
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