Si las protestas por la crisis de la vivienda en España ya han provocado la convocatoria de elecciones generales y de una huelga general, ¿conseguirán también cambiar la esencia de la izquierda española?
Pedro Sánchez declaró a finales de septiembre a propósito de los decretos sobre la vivienda que pretendía aprobar su gobierno que había «llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras”, cuando los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya ya habían tumbado cuatro decretos y cuatro leyes exclusivas sobre vivienda desde las últimas elecciones generales. Que Junts Per Catalunya, el partido independentista catalán liderado por Carles Puigdemont, defienda a los especuladores no es ninguna noticia en España, pero quizás sorprenda al resto del mundo que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez dependa de su beneplácito para poder aprobar leyes, y que defienda descaradamente la misma ideología que los partidos de derecha y ultraderecha a los que culpan de todos los males que flagelan, según ellos, a «su» tierra.
Los campamentos instalados en la Puerta del Sol de Madrid, la Plaza de Catalunya de Barcelona y en muchas otras ciudades de España para exigir la intervención del Gobierno tampoco salen de la nada, aunque la amplitud de estas manifestaciones repentinas sea una novedad. El Sindicato de Inquilinas que lidera estas protestas lleva desde el 2017 (antes de que Pedro Sánchez fuera investido Presidente del Gobierno) luchando por sus ideales y manifestándose sin descanso en toda España, también participan colectivos y asociaciones de todo tipo, más de 40 en Madrid por ejemplo. La mayoría de los sindicatos españoles han respaldado la convocatoria de una huelga general el 11 de noviembre exigida por el Sindicato de Inquilinas afirmando que “es un clamor contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas, y especialmente a mujeres y migrantes afectados por una situación de vulnerabilidad económica”
Ahora bien, que Pedro Sánchez decida convocar elecciones generales el 29 de noviembre cuando legalmente podría esperar hasta el 22 de agosto de 2027 es una maniobra política basada en los intereses a medio plazo del PSOE. Podría significar que considere que ahora es el mejor momento para obtener el voto de los indecisos y limitar la abstención, movilizando al electorado gracias a este tema transversal: la vivienda. Conllevaría de esta manera la consecución de una mayoría parlamentaria que no esté sometida al chantaje de partidos secesionistas de derechas. Pero también puede ser interpretada como una medida que tiene por objetivo evitar una doble debacle electoral al crear un espacio de tiempo de seis meses entre las elecciones generales anticipadas y las elecciones autonómicas que tendrán lugar en mayo de 2027. La movilización a su favor durante las elecciones autonómicas se vería favorecida por el impacto de casi un semestre de gobierno de la coalición de la derecha, tiempo suficiente para demostrar el desfase entre sus promesas electorales y los resultados de su acción de gobierno.
Aunque quede por ver el desarrollo de la campaña electoral para las elecciones generales, es poco probable que los votantes de izquierda olviden los casos de corrupción que rodean al PSOE que están siendo investigados por la Justicia, la perdida de poder adquisitivo de los salarios reales (-2% entre 2021 y 2026 según la OCDE) cuando España lidera con fuerza el crecimiento del PIB entre las grandes economías de Europa, o la imposibilidad de facto en muchos casos de acceder a las prestaciones sociales aprobadas por el Gobierno debido a las barreras administrativas y condiciones requeridas que llegan al absurdo, la demora debida a la falta de personal de las administraciones o las limitaciones del sistema informático en uso. Un caso paradigmático del fracaso ético de la acción de este gobierno, que pretende ser de izquierda, fue la aprobación de la ampliación de los grandes aeropuertos españoles, renunciando de hecho a cumplir con los objetivos de emisión de gases invernaderos pactados y agravando a largo plazo las condiciones del mercado inmobiliario, hipotecando la efectividad de cualquier intervención de un gobierno para defender una vivienda digna para todos, sin mencionar su impacto sobre las condiciones de vida de la ciudadanía. De la misma manera que Pedro Sánchez quiso retratar a Junts, PP y Vox por su apoyo a los especuladores, el PSOE quedó retratado por su incapacidad a la hora de luchar por la transformación de un sistema que perjudica a la mayoría de los ciudadanos en beneficio de unos pocos.
Nuestro cofundador, Yanis Varoufakis, afirmaba hace poco en un artículo que «los del centroizquierda me reprochan que me niegue a apoyarles, tachándome de criado de la derecha. Yo respondería que la izquierda tiene el deber de permanecer en la oposición hasta que consigamos hacer las cosas como es debido; hasta que tengamos un plan y un mandato para derrocar a la oligarquía y poner en marcha un programa viable y progresista.» Quizás el apoyo de la izquierda más a la izquierda del PSOE (Izquierda Unida y Podemos en esta época) a la moción de censura contra Mariano Rajoy que conllevó la investidura de Pedro Sánchez en 2018 como séptimo presidente del Gobierno de España haya frustrado el desarrollo de esta izquierda auténtica, condenando a sus socios de gobierno a sufrir las consecuencias de la transigencia sistemática del centroizquierda con el modelo de desarrollo defendido por la derecha.
El Frente Amplio, el “proyecto de coalición electoral española de izquierdas impulsado por las formaciones Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú con el fin de presentarse conjuntamente a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026” según la Wikipedia, parece más preocupado por la escasez de escaños disponibles señalada por los sondeos que por la creación de una plataforma viable y auténticamente progresista. Si Pedro Sánchez de verdad pensara que una nueva coalición de gobierno de izquierdas fuera posible, le interesaría tener un socio potente para crearla, pero el mero hecho de haber disuelto el Congreso de los Diputados erigiéndose en defensor de los activistas que acampan en las plazas de las ciudades de España, que en su mayoría están posicionados más a su izquierda, demuestra lo contrario. Parece ser que el interés real del secretario general del PSOE consiste en conseguir el mayor número de escaños posible, aunque esto signifique quitárselos a los partidos socios de su gobierno, para lograr pasar a la historia como una figura que lo hizo crecer y sentó las bases del renacer de su partido después de su derrota final.
Aunque los acontecimientos de la campaña electoral puedan cambiar totalmente la situación, la perspectiva de una derrota del PSOE debería ser el revulsivo que necesitan los partidos más a su izquierda para renacer. Elaborar un programa y una estrategia a largo plazo que les permita obtener un mandato del pueblo en vez de seguir con su trayectoria histórica defendiendo su compatibilidad con el reformismo del PSOE daría sentido a la involución del Estado de bienestar y de los derechos sociales que significaría la victoria electoral de la coalición de derechas. Aunque no se espere mucha novedad en el programa electoral que tienen que improvisar, nos queda la posibilidad de que su campaña nos acabe sorprendiendo.
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