En octubre de 2026, un banco belga bloqueó el acceso de DiEM25 a su propia cuenta bancaria, dejando inmovilizados decenas de miles de euros en donaciones de nuestros miembros.

Las consecuencias fueron inmediatas, ya que no se pudieron pagar los sueldos del personal, el alquiler de la oficina ni las cotizaciones a la Seguridad Social. El banco no ofreció ninguna explicación concreta, dejando a un movimiento político incapaz de acceder a los fondos que había recaudado para llevar a cabo su labor.

Esto debería alarmar a cualquiera que crea que se debe proteger a la participación democrática de los intereses privados. ¿Cómo puede un banco privado tener el poder de paralizar de hecho a un movimiento político simplemente decidiendo retirar sus servicios bancarios? ¿Y por qué los ciudadanos, las organizaciones y las empresas no deberían tener una alternativa pública significativa cuando un banco decide excluirles?

El problema va mucho más allá de nuestro caso concreto. En toda Europa, el acceso al dinero y la capacidad de realizar y recibir pagos siguen dependiendo de manera abrumadora de las instituciones financieras privadas. Los bancos pueden rescindir relaciones, restringir el acceso a los fondos y trastornar la vida económica de las personas, mientras que los afectados se ven obligados a buscar alternativas desesperadamente. Al mismo tiempo, en toda Europa, los casos de exclusión bancaria son cada vez más habituales y afectan de manera desproporcionada a las organizaciones progresistas.

Europa ha permitido que los bancos privados se conviertan en los guardianes de un servicio público esencial, sin ofrecer una alternativa pública universal.

Una alternativa pública ya tiene todo el sentido del mundo

Llevamos mucho tiempo proponiendo la creación de una Plataforma Pública de Pagos Digitales, un sistema de pagos digitales gestionado públicamente y disponible en todos los países europeos. Su principio básico es sencillo: cada contribuyente recibiría automáticamente una cuenta de reserva digital a través de su autoridad fiscal nacional, vinculada a su número de identificación fiscal.

Mediante un PIN seguro, los ciudadanos podrían transferir fondos entre cuentas, pagar impuestos y realizar pagos a otros titulares de cuentas. Se podría acceder al sistema a través de una plataforma en línea, con tarjetas de débito emitidas por el Estado y aplicaciones para smartphones que facilitarían las operaciones de pago cotidianas. Dicha plataforma ofrecería una alternativa pública de bajo coste a las redes de pago privadas.

Y lo que es más importante, garantizaría que el acceso a una infraestructura básica de pagos fuera una garantía pública y no un privilegio concedido por una entidad financiera privada.

Entonces, ¿por qué no existe esto ya en Europa?

La tecnología no es precisamente revolucionaria, ya que los gobiernos ya gestionan sistemas fiscales digitales, mantienen registros de contribuyentes y procesan pagos electrónicos. Crear una infraestructura pública de pagos sobre la base de estos sistemas existentes es una decisión política, no una ambición tecnológica lejana.

Una Plataforma Pública de Pagos Digitales aportaría mayor transparencia y seguridad a los pagos públicos, reduciría los costes de transacción y ofrecería una alternativa cuando los servicios bancarios privados se retiren o se vean interrumpidos. También reduciría la concentración de poder en manos de un pequeño número de entidades financieras privadas.

Y ahí es precisamente donde radica la cuestión política. Los gobiernos europeos han demostrado en repetidas ocasiones su voluntad de proteger los intereses y la estabilidad del sector bancario. Sin embargo, han mostrado una ambición notablemente escasa a la hora de crear alternativas públicas que reduzcan el control de los bancos sobre la infraestructura financiera esencial.

La exclusión bancaria de DiEM25 nos recuerda lo que esta dependencia significa en la práctica. Ningún movimiento político, organización de la sociedad civil o ciudadano debería ver su participación económica sometida por completo a la discreción de un banco privado.

La pregunta que queda por plantear no es qué necesitamos para construir una alternativa a la banca privada, sino por qué aún no lo hemos hecho.

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