Juana Ruiz Sánchez, trabajadora humanitaria de la salud en Palestina, fue detenida en Palestina por veinte soldados fuertemente armados el pasado el trece de abril de 2021, a las 05:45hs. Además de Juana, también fueron arrestados otros dos activistas más de HWC, la organización sanitaria palestina para la que trabajan todos ellos y, de la que dependen unas 400.000 personas.
Esta detención es una más dentro de la extensa lista que Israel ha llevado a cabo con encarcelamientos y ataques a activistas, bajo el paraguas de políticas de “seguridad”. Ejemplo de ello fue el abordaje y agresión a miembros de la “Flotilla de la Libertad” en 2010, liderada por la nave “Mavi Marmara”, cuyos miembros fueron encarcelados en prisiones israelíes y, sólo a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fueron deportados por el país hebreo.
Y es que las detenciones de activistas en Israel buscan silenciar a los defensores de los derechos humanos, denuncian expertos, según declaraba ya en enero del presente año una fuente de Naciones Unidas, a raíz de la condena de Issa Amor; un defensor palestino de las garantías fundamentales, fundador de un grupo con sede en Hebrón, que se opone a la expansión de los asentamientos mediante la resistencia civil no violenta. Estos arrestos arbitrarios contravienen además la Cuarta Convención de Ginebra, que Israel ha suscrito, pero no asume su obligación de aplicarla en territorios palestinos.
En cuanto a la conciudadana, Juana Ruiz, se da la circunstancia de que el municipio de residencia de esta, Beit Sahur, fue pionero durante la primera y segunda intifada, con técnicas de resistencia no violentas. En este sentido, el arresto constituye un ataque, una provocación a un centro simbólico del activismo palestino. Pero además, con esta acción, se vulneraron acuerdos de jurisdicción, dado que Israel no tiene competencia en el territorio dónde reside Juana, administrado por la Autoridad Nacional Palestina. Asimismo, dada su pertenencia a Cisjordania, los palestinos y residentes sufren una discriminación jurídica porqué se les aplica la ley marcial, pudiendo mantener un arresto de hasta 75 días, mientras que a los colonos judíos de los asentamientos se les aplica el derecho civil israelí.
Por otro lado, y en contra de las convenciones internacionales, las autoridades españolas no fueron informadas por las israelíes de la detención. Ante esto, la ministra de exteriores, Arancha González Laya, se ha limitado a exigir al ejecutivo de Netanyahu, unas mejores condiciones de reclusión para la trabajadora humanitaria.
Ya en un contexto global, este secuestro en la práctica se circunscribe a un momento que se podría denominar de vulnerabilidad política, en cuanto a que el ejecutivo español de Pedro Sánchez y el resto de ejecutivos europeos se hallan volcados en el aprovisionamiento a toda costa de vacunas para acelerar las campañas de inmunización contra el COVID-19. Esta circunstancia en absoluto banal, se suma a los continuos bombardeos en Gaza, para los que la Unión Europea, mediante su alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, admite su incapacidad para presionar a las partes y solicita la mediación de EEUU, como ya es sabido, aliado incondicional del proyecto sionista.
En definitiva, son tiempos difíciles, peligrosos, letales, para las libertades civiles y el obligado respeto a las jurisdicciones internacionales y, benefactores para las políticas de “seguridad” y la industria armamentística. Así y todo, desde DIEM25 en España exigimos al Estado español y a la Unión Europea, que tomen cartas para la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española, víctima de una detención arbitraria que evidencia tanto las asimetrías jurídicas que padece la población no judía en Cisjordania como la vulneración jurisdiccional y de acuerdos y convenciones internacionales por parte de Israel.
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