Estoy feliz de escribir un artículo para DiEM25, el Movimiento Democracia en Europa. Veo en DiEM25 un amplio movimiento político que acoge corrientes diferentes, pero no competidoras, que, en la situación actual, tiene como objetivo la democratización absoluta de la Unión Europea.
¡Debemos empezar este camino de renovación democrática fundamental hoy mismo! Pero no debemos engañarnos sobre las dificultades de las tareas que nos esperan y la resistencia que se nos opondrá. El realismo y la perseverancia son, por tanto, esenciales, igual que la voluntad de luchar por amplias alianzas entre muchas fuerzas democráticas distintas.
Para conseguir el éxito también tendremos que basarnos en las experiencias de la historia europea. Debemos recordar las respuestas al fascismo que concibieron las distintas naciones y que consagraron en sus constituciones después de la liberación. Esto afecta en particular a algunos Estados miembros de la UE. Al señalar esto conscientemente, DiEM25 puede hallar un punto de anclaje en la historia europea y desarrollar y afirmar una perspectiva democrática amplia para la Unión Europea.
La democracia en la Unión Europea y en la relación entre los Estados miembros y la UE
La democratización de la Unión Europea debe llevarse a cabo en sus dos niveles organizativos: en primer lugar, dentro de la UE y sus órganos e instituciones, y, en segundo lugar, en la participación democrática de los parlamentos nacionales y los ciudadanos de los Estados miembros mediante referéndums democráticos.
Dentro de la UE, el Parlamento Europeo (PE) en particular debe recibir auténticos derechos parlamentarios. En el futuro no debe haber lugar para un proceso legislativo gobernado por el Consejo que represente a gobiernos nacionales en el cual el Parlamento Europeo se limite a participar. Por encima de todo, el PE debe tener el derecho inherente y definitorio de los parlamentos a introducir proyectos de legislación. Debe ponerse fin al monopolio completamente antidemocrático del que disfruta la Comisión Europea.
También es necesario someter la política del Banco Central Europeo (BCE), que es de crucial relevancia para los Estados miembros y la gente de toda la UE, bajo supervisión parlamentaria democrática. Esto se aplica aún más a instituciones como la troika, que no tienen legitimidad democrática.
Descentralización, subsidiariedad y proporcionalidad
La UE está basada en el principio de que los derechos soberanos de los Estados miembros solo pueden ser transferidos de acuerdo al principio de otorgamiento. Además, en la aplicación de las competencias de la UE, a los órganos de la UE se les exige observar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En realidad, esto está lejos de ser la realidad. Las normas de la legislación de la UE establecidas en el Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y en el protocolo correspondiente sobre subsidiariedad han demostrado ser completamente inadecuadas. Por tal de garantizar la legitimidad democrática de la política de la UE, hay, por tanto, una necesidad de reforzar las posibilidades de los parlamentos nacionales de los Estados miembros para influenciar sobre las políticas.
Con nuestros esfuerzos para llevar a cabo la democratización de la UE más amplia posible, debemos tener presente, sin embargo, que actualmente estamos en desventaja. Y con esto me refiero, en primer lugar, al TTIP (siglas en inglés de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión), planeado para abrir brechas profundas en triunfos democráticos que tanto costaron ganar en las áreas de protección laboral y sanitaria, medio ambiente y seguridad del consumidor, y para ajustar a la baja el nivel de la otra parte en el acuerdo. La segunda preocupación es el principio de “mejor regulación” que la UE persigue en este momento. Con esto, la legislación democrática será reestructurada en conjunto mediante normas sumisas al mercado a favor de la gran empresa, en parte mediante la externalización a otros países que no tienen legitimidad democrática. También se ha planeado al mismo tiempo someter la legislación en gran medida a evaluaciones del impacto, el objetivo de las cuales es servir, no a la legitimidad democrática ni a la utilidad social, sino a los intereses comerciales (coste/beneficio) de los negocios.
¡Hacer que la UE sea más democrática, hoy en día, significa, por encima de todo, bloquear los ataques a los restos de la democracia en la UE por parte del TTIP y las iniciativas de “mejor regulación”!
La socialización y la cohesión social como elementos de democratización
Se debería entender la democratización como algo más que como un freno de las posiciones ilegítimas del poder político en los Estados nación y en la UE. En particular, el poder de la gran empresa y su influencia sobre los responsables políticos es lo que está emasculando cada vez más la auténtica democracia. Tras la liberación del fascismo, se redactó el siguiente principio constitucional en el Artículo 15 de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania: “Con fines de socialización, la tierra, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser transferidos a propiedad pública u otras formas de gestión pública mediante una ley que determine la naturaleza y el grado de compensación”. Si la democracia y la democratización se han de convertir en algo más que una cuestión de forma, son necesarios límites económicos similares como bastión contra el poder sin legitimidad democrática. Hay que señalar que el Artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea expone: “Los tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros”.
Asimismo, es importante no subestimar las dificultades de convertir la insatisfacción con las decisiones de los grandes negocios, y sus efectos sobre las personas en diversas ramas de la sociedad, en movimientos sociales que llamen a una democratización de la economía que exija y consiga la socialización de los medios de producción.
En este contexto, también cabe señalar el Artículo 14, párrafo 2, de la Ley Fundamental alemana, que expone: “La propiedad conlleva obligaciones. Su uso debe servir al bien público”. Una disposición similar en la ley primaria de la UE y una obligación por parte de la Unión Europea a respetar la socialización en línea con el Artículo 20 de la Ley Fundamental alemana representaría un paso importante hacia la democratización de la UE con antelación a medidas de socialización.
Democratización y paz
Tras la liberación del fascismo, varios Estados miembros de la UE adoptaron constituciones que consagraron no solo los principios de la democracia, el Estado de derecho y el Estado social, sino también la obligación de buscar una política exterior pacífica y una política exterior capaz de garantizar la paz. El Artículo 26 de la Ley Fundamental alemana expone: “Los actos susceptibles de, y realizados con la intención de, perturbar las relaciones pacíficas entre naciones, y en especial preparar una guerra de agresión, son inconstitucionales. Estos son hechos delictivos”.
Los Tratados de la UE, en comparación, no contienen declaraciones como esa en cuanto a una clara orientación pacífica. De hecho, es justo lo contrario. La Bundeswehr alemana está involucrada actualmente en la guerra civil en Siria. En apoyo a esta causa, el gobierno francés y el gobierno federal alemán (equivocadamente) invocan el Artículo 42, párrafo 7, del Tratado de la Unión Europea: “Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros”.
Si la Unión Europea ha de tener un futuro, es necesaria una reforma radical. Esto significa resistir a las amenazas de cambios antidemocráticos a los tratados, dar pasos para hacer que la UE sea profundamente más democrática y reforzar el Estado de derecho y el Estado social. Por encima de todo, sin embargo, lo que necesitamos es una UE pacífica, no una UE que, mediante el involucramiento en acciones agresivas, tenga un impacto incalculable en el número de refugiados y las consecuencias sociales de los movimientos de refugiados.

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