l pasado 12 de abril en Berlín, durante el Palestine Congress 2024 organizado por el movimiento DiEM25, tuvo lugar una operación policial muy alarmante. El congreso, cuyo propósito era arrojar luz sobre la brutalidad de los ataques israelíes en Gaza y el papel cómplice de Alemania, fue allanado por agentes de policía de la capital alemana apenas minutos después de comenzar el evento. Desconectaron la transmisión en vivo de las ponencias, cortaron la luz del edificio, echaron a los 250 asistentes y les informaron que el congreso quedaba definitivamente suspendido.

El motivo proferido por los oficiales berlineses para justificar el asalto policial era que el ponente que hablaba por videollamada en ese momento, el escritor palestino Salman Abu Sitta, tenía prohibida cualquier actividad política en Alemania por una acusación anterior de comentarios antisemitas. La razón alegada para suspender los dos días restantes del congreso: que Sitta pudiera haberse dirigido nuevamente al público del evento. Lo cual significa que la violación del derecho a la libertad de expresión de todos los ponentes del congreso, además del derecho de asociación de los 250 asistentes, fue justificada por un supuesto, por una situación hipotética que, según las autoridades de Berlín, pudiera haber constituido un acto incendiario. En otras palabras, privaron a los participantes de sus libertades por lo que podrían haber dicho, no por lo que dijeron.

Salman Abu Sitta no fue el único ponente explícitamente silenciado por las autoridades alemanas. La misma mañana del 12 de abril, su sobrino, el cirujano británico-palestino y decano de la Universidad de Glasgow, Ghassan Abu Sitta, fue detenido e interrogado durante horas en el aeropuerto de Berlín. El médico, que pasó más de un mes en Gaza al comienzo de la actual ofensiva israelí, estaba invitado al congreso para contar de primera mano su experiencia. No sólo le negaron su entrada en Alemania, sino que además le fue prohibida la transmisión de cualquier mensaje por vía electrónica al Palestine Congress, incluso desde fuera del territorio alemán. Otra figura declarada persona non grata fue el economista y exministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis, uno de los fundadores de DiEM25, el grupo organizador del censurado congreso.

Lo acontecido en el Palestine Congress no es un hecho sin precedentes en Alemania en lo que respecta a la represión de la libertad de expresión en relación con la defensa de los derechos de los palestinos y la solidaridad con su población. Un informe publicado en junio de 2023 por el European Legal Support Center (ELSC), organización jurídica que ofrece apoyo legal al movimiento solidario, documenta varios actos de represión entre los años 2017-2022. En mayo de 2022, por ejemplo, la policía de Berlín prohibió una manifestación planeada con el objetivo de conmemorar el 74º aniversario del Nakba y homenajear a la fallecida periodista Shireen Abu Akleh, asesinada días antes por el ejército israelí. A las manifestaciones espontáneas que siguieron a la prohibición, la policía berlinesa respondió con la fuerza. En un acto denunciado por Human Rights Watch, detuvieron a numerosos manifestantes, algunos durante horas, por algo tan inocuo como afirmar “Palestina Libre”.

El cierre del Palestine Congress tampoco constituye el ejemplo más reciente de represión de derechos básicos en nombre de luchar contra discursos antisemitas. Por la tarde del 19 de abril, miembros del llamado Irish Bloc, un grupo de activistas irlandeses residentes en Berlín, se congregaron en un parque cerca del edificio parlamentario para protestar de nuevo ante los ataques contra Gaza. Hablaban y cantaban en irlandés, una de las 24 lenguas oficiales de la UE, hasta que se les acercaron agentes de la policía para informarles que estaba prohibido comunicarse en esa lengua y, a la postre, dispersar al grupo. ¿El motivo? Que pudieran haber estado difundiendo discursos de odio e incitación a la violencia y, a menos que tuvieran un intérprete, la policía no podría descifrar sus palabras. De hecho, la policía de Berlín confirmó que en las protestas sólo estaba permitido el uso del inglés y el alemán y, a partir de las seis de la tarde, también el árabe. Recuerda al chiste relatado por Slavoj Žižek que cuenta de un trabajador alemán de la RDA que consigue un puesto en Siberia. Consciente de la estricta censura del correo, establece un código para comunicarse por carta con sus amigos: lo que escribe con tinta azul será verdad, y con tinta roja, falsa. Pasado un mes, los amigos reciben su primera carta, escrita en tinta azul. Cuenta toda una serie de maravillas sobre su nuevo lugar – abundancia de comida, de viviendas y de comodidades. Hay de todo. Lo único que no hay: tinta roja. En la Berlín de hoy, uno sí es libre de expresarse, mientras sea en la lengua asignada, a la hora asignada, en el lugar asignado y rodeado solo de personas que no dirán palabra alguna que se desvíe de lo aprobado.

Como explica el informe del ELSC arriba mencionado, el fundamento aparentemente legal de las citadas intervenciones policiales, y la etiqueta antisemita que se ha impuesto sobre innumerables manifestaciones propalestinas, se basa en la definición del antisemitismo propuesta en 2016 por la organización intergubernamental Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés). Aunque la definición en sí no es discutible, viene acompañada por once ¨ejemplos contemporáneos ̈ de antisemitismo, y ahí radica su polémica. De los once ejemplos, siete mencionan de manera explícita el Estado de Israel, lo cual tiende a borrar la distinción entre una merecida crítica a las agresiones de Israel contra Palestina, y un acto verdaderamente antisemita.

Es justamente esta confusión del antisemtismo con cualquier crítica a Israel y sus políticas lo que ha llevado a muchos académicos judíos y expertos en el Holocausto a cuestionar la definición propuesta por la IHRA por su inherente ambigüedad. Del mismo modo, han surgido definiciones alternativas como respuesta directa a la de la IHRA, que sí diferencian entre el antisemitismo y la crítica a Israel o al sionismo, como son The Jerusalem Declaration on Antisemitism o The Nexus Document.

Aunque la IHRA especifica que su dudosa definición de antisemitismo no es jurídicamente vinculante, eso no ha impedido la adopción, interpretación e implementación de la misma como si fuera ley en muchas naciones. Los primeros países europeos signatarios fueron el Reino Unido, Austria y Alemania en 2017, coincidiendo con una resolución del Parlamento Europeo aprobada con el mismo propósito. Al año siguiente, el Consejo de la Unión Europea llamó a todos los demás Estados Miembros para que adoptaran la definición de la IHRA como “herramienta guía” para los cuerpos de seguridad encargados de identificar e investigar los ataques antisemitas. Esta postura del Consejo fue reafirmada en 2020, a pesar del aumento de las críticas a la definición por ser especialmente susceptible a abusos por motivos políticos.

En los últimos años, por ejemplo, se han visto múltiples denuncias y repulsas al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que aboga por desvincularse económicamente de entidades públicas y privadas cómplices de la violación de derechos humanos perpetrada por el gobierno israelí. En 2019, una resolución aprobada en el Bundestag alemán clasificó el BDS como movimiento antisemita, mientras que en 2022 una sentencia del Tribunal Supremo español declaró la campaña efectivamente ilegal. De nuevo, las denuncias al movimiento BDS se basan en la equivocada confusión entre una fundamentada postura crítica hacia el sionismo, por un lado, y el antisemitismo por el otro.

Acorde con la narrativa predominante, se puede contextualizar el amplio respaldo de Alemania a Israel como parte de su penitencia por la crueldad inhumana infligida a los judíos en el Holocausto por parte de los nazis. En este sentido, como afirma la venerada escritora y activista Naomi Klein, Alemania ha demostrado ser un “terrible estudiante” al haber aprendido una regla, pero no un principio. La regla es apoyar de manera incondicional al Estado de Israel, en términos tanto morales como materiales (Alemania es el segundo proveedor más grande de armas al ejército israelí, después de los EE UU), dando lugar al mismo tiempo a patrones y prácticas que discriminan a grupos vistos como “el otro”, tales como palestinos, musulmanes e inmigrantes. El principio, en cambio, hubiera sido la defensa incondicional de los derechos humanos de todos los pueblos perseguidos, independientemente de quién sea su agresor. El principio hubiera sido oponerse a cualquier acto que incumpla la ley internacional y que constituya un crimen de lesa humanidad como, por ejemplo, el asesinato indiscriminado de niños, niñas y otros civiles, o convertir el hambre en un arma. Son estos principios los que deben caracterizar a Europa, así como la libertad de hacer una crítica decidida y abierta cuando se ven corrompidos. Con esto en mente, y de cara a las elecciones al Parlamento Europeo este próximo junio, surge la pregunta que encabeza este artículo.

En 2015, los filósofos Slavoj Žižek y Srećko Horvat publicaron el libro ¿Qué es lo que quiere Europa? La obra surgió en medio de años de cambios y tensiones en el continente, llevando a los autores a reflexionar sobre el camino de Europa en aquella época. En el ensayo titular del libro, Žižek vuelve a abogar por un renovado “eurocentrismo izquierdista”, preguntando “¿queremos vivir en un mundo en el que la única elección sea entre la civilización estadounidense y la emergente capitalista autoritaria china? Si la respuesta es no, la única alternativa es Europa”. En estos últimos años en los Estados Unidos, con el fantasma del fascismo acechando más grande que nunca, los fracasos del experimento democrático estadounidense —el supuesto bastión de la libertad misma— son evidentes. Derechos que alguna vez se consideraron sacrosantos en el país se están erosionando poco a poco, y el presente no inspira muchas esperanzas de cara al futuro. Entonces, ante las múltiples crisis a las que se enfrenta el mundo, el papel de Europa como entidad internacional puede ser crucial de ahora en adelante. Por eso resulta esencial, según Žižek, reivindicar “la idea del igualitarismo radical, de la democracia radical, del feminismo, etc. Éste es el núcleo de la identidad europea y eso es lo que está en juego hoy”. Y ante la inminencia de las elecciones parlamentarias en junio, la pregunta clave no es tanto qué quiere Europa, sino más bien: ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía europea?

De cara a estas elecciones, haríamos bien en recurrir a movimientos como el DiEM25, que se esfuerza por avivar los principios democráticos y los derechos humanos universales e igualitarios en los que deben basarse todas las políticas europeas. Haríamos bien en apoyar a partidos que se preocupan seriamente por el cambio climático y la justicia climática, que abogan por la transición más rápida posible a una economía sostenible. Haríamos bien en apoyar a partidos que entienden la imprescindibilidad de los marcos feministas y enfoques de género. Haríamos bien en respaldar partidos que no apoyen políticas migratorias cuyas consecuencias son la deshumanización y criminalización de las personas migrantes, sumadas a la externalización y militarización de las fronteras. Y por supuesto, de más está decir que hemos de avalar partidos que se oponen inequívocamente, en palabras y en acciones, al genocidio, a la vez que defienden el derecho de la ciudadanía a llamar las cosas por su nombre.

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Este artículo fue publicado originalmente por El Salto y ha sido traducido y republicado con permiso