El problema de la vivienda ha tenido un gran protagonismo estos últimos meses, debido al agobio que sufre la población por culpa de los precios exorbitantes de los alquileres en las ciudades
Las condiciones de vida del pueblo portugués alcanzaron los límites de lo soportable, hecho reflejado por las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar durante las últimas semanas y que pretenden continuar hasta que el gobierno solucione el problema. Son las consecuencias de una inversión económica centrada en su mayoría durante más de una década en el turismo, y de las facilidades para entrar y residir entre nuestras fronteras otorgadas a los extranjeros a través de los visados “gold”.
Las medidas anunciadas por el gobierno con una rapidez relevante no son eficaces, en ese sentido, las prisas no son buenas sin duda alguna. Además, el paquete viene marcado con el sello del partido socialista, aunque parezca que tratan de solucionar el problema con un conjunto amplio de medidas tecnócratas, al analizar los datos detenidamente, resultan ser un lastre para el gobierno que las considera como perjudiciales para los propietarios. Sólo se dedica a atenuar con dinero público los potenciales daños que la aplicación de un tope de los alquileres podría provocar a los propietarios.
Enumeraremos algunas de las medidas anunciadas por el gobierno para poner en relieve el tipo de esfuerzo que propone realizar para solucionar la crisis.
La primera, y la más significativa, consiste en el alquiler por el gobierno de casas que pertenecen a propietarios privados con el objetivo de volver a alquilarlas a un precio más bajo. Esto conlleva una inversión económica estatal sustancial para ajustar la diferencia entre los precios del mercado y el importe de un alquiler accesible, volviendo al Estado responsable de los disparates de un mercado desregulado. Otra propuesta con un sentido similar consiste en subsidiar por parte del Estado una parte de los intereses de las hipotecas de las familias, una vez más cargando sobre las cuentas públicas los precios exorbitantes del mercado inmobiliario.
Aunque trate de regular (… o de evitar regular…) el mercado, es una medida tímida, por no decir cosmética, de limitación del precio de los alquileres en los nuevos contratos imponiendo un tope. Calificamos esta medida de esta manera por dos motivos: primero, sólo se puede aplicar a los nuevos contratos, después, para las renovaciones de contratos firmados durante los 5 años anteriores, el nuevo importe tiene que calcularse sumando al precio del alquiler precedente las actualizaciones automáticas anuales que mientras estaba vigente el contrato precedente hubieran podido aplicarse. Supera por lo tanto el objetivo a medio plazo del BCE de limitar la inflación en un 2%. Esto significa básicamente que los límites de aumento del contrato se calcularán usando el precio del año anterior. No toma en cuenta de esa manera el valor exorbitante de los contratos actuales.
O sea que la medida impide que lo absurdo se dispare a niveles estratosféricos, llegando una bodega en medio de la Penha de França a valer 2.000 €. Pero no influye sobre los precios actualmente vigentes.
Otras dos medidas relevantes son la prohibición de otorgar nuevas licencias de alojamiento turístico, incluida en un sistema de incentivos para que regresen al mercado inmobiliario particular estas viviendas, y el fin de los visados “gold”, dando marcha atrás respecto a la apertura a la inversión extranjera puesta en práctica durante los últimos años, hacia una dirección desconocida a partir de ahora. De hecho, se puede considerar a la población extranjera como un factor determinante del aumento del precio de los alquileres en Lisboa, tomando en cuenta sobre todo que esta población no tiene los mismos sueldos que la portuguesa.
Los datos, sin embargo, son escasos. Hasta en términos de cantidad de propiedades que pertenecen a la población extranjera, se sabe poco de quiénes son las mayores víctimas de la crisis inmobiliaria, cuán inestable y precaria es la vida de esta gente. No hay que menospreciar el esfuerzo de determinadas organizaciones para investigarlo y proporcionar datos al respecto. Conseguir conocer la realidad y la precariedad a nivel inmobiliario y de movilidad que padece la gente resulta fundamental para entender los daños provocados por la política de vivienda de las últimas décadas.
Lo cierto es que mientras tanto, el 12% de las casas del territorio nacional se encuentran vacías, lo que incumple la Ley Orgánica de la Vivienda, que obliga a cumplir la función pública inherente al alojamiento. No puede haber casas vacías en un país donde hay personas sin hogar que viven en la calle y una parte significativa de la ciudadanía se encuentra sin derecho a la vivienda. Antes de alquilar casas a propietarios privados, el Estado podría por ejemplo crear un impuesto progresivo sobre las propiedades vacías, que le generaría ingresos, en vez de provocar los desembolsos que incluye pagar la diferencia entre el precio del mercado y el precio asequible del alquiler. Además, la respuesta dada a la crisis económica de la última década consistió en dar excesiva prioridad a la inversión extranjera, facilitando su llegada con los visados “gold” y dejando que el turismo ocupe los espacios necesarios para su desarrollo. Esta política por otro lado fue la causa de una modificación profunda del propio sentido de ciudad en muchas regiones del país, de las que destaca Lisboa.
La mercantilización, el reemplazo progresivo de la población originaria empobrecida por otra de mayor poder adquisitivo, la transformación de la vida de la ciudad en un gran centro comercial y su cultura en un museo, están inevitablemente asociadas con los precios del comercio de productos básicos, con el cierre de comercios antiguos por razones especulativas puras y duras, con la transformación de los vínculos comunitarios. La verdad es que todos estos aspectos, aunque en apariencia se presenten a menudo como una especie de florecimiento económico, revelan la violencia más básica del sistema económico en el que vivimos: la violencia de la expropiación del territorio. Estos territorios, que son los de la memoria, de la comunidad, de los vínculos creados entre sus habitantes, están siendo poco a poco carcomidos por el poder de la especulación inmobiliaria, hasta llegar a la situación insostenible en la que nos encontramos ahora. El turismo, las idas y venidas de comercios efímeros, la precariedad en las condiciones de alojamiento y de vida, son algunas de las características más tremendas de la violencia del capital, que vuelve nuestros espacios tanto públicos como íntimos cada vez más escasos y restringidos. Las mismísimas asociaciones culturales, espacios donde la comunidad residente puede respirar, van perdiendo espacio, sustituidas por infraestructuras de lujo.
En este contexto, el aumento del número de ocupaciones ilegales, las manifestaciones multitudinarias contra los desahucios, la lucha por reducir el precio de los alquileres y por la reorganización de la política de vivienda del país, no son nada menos que la lucha por el derecho humano básico de poder vivir en condiciones dignas, de poder permanecer en el país de nacimiento, y haya una coherencia entre las condiciones de vida que permite el salario y el precio de los alquileres. Estas luchas ocurren en diferentes países de Europa en el contexto de un movimiento más amplio, con el sindicato de inquilinos de Madrid, el Referéndum por la Vivienda de Berlín, a las que hay que añadir las últimas manifestaciones en Portugal, demostrando que no se trata de un problema local, sino de una forma de acumulación de capital que ocurre de la misma manera en diferentes países europeos.
La vivienda, y el uso de las casas como uno de los productos más rentables del mercado de los grandes propietarios, limitando el derecho a vivir en la ciudad sólo para aquellos que lo pueden pagar y transformando las dinámicas de las comunidades y de los bienes comunitarios en espacios privados, es sin duda alguna uno de los males más desafiantes para la población portuguesa y europea en este momento. Esta lucha consiste en conseguir que se pueda residir, que sea posible a la ciudadanía vivir dignamente bajo un techo que no sea el resultado de las nuevas formas de acumulación de los grandes propietarios, de las nuevas formas de generar ganancias económicas. Para que la vivienda como derecho básico universal deje de ser convertida en otro gran negocio maléfico del mercado desregulado, en el que lo que debería constituir el substrato de nuestra vida, una casa, un hogar, una comunidad, sea completamente destruido en nombre del dinero y del lucro.
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