El último desastre en el Mar Mediterráneo tiene que ser un punto de inflexión en la política migratoria de la UE. La semana pasada ocurrió uno de los peores naufragios de nuestros tiempos sobre la ruta migratoria más mortífera del mundo. A pesar de los 104 supervivientes, sólo 78 víctimas fueron oficialmente declaradas fallecidas, cuando se estimaba la tripulación del barco en unas 750 personas.
El barco de pesca, que se encontraba navegando desde Libia hacia Italia, volcó y se hundió a 80 kilómetros de Grecia mientras estaba siendo vigilado por Frontex, y seguido por los guardacostas y por embarcaciones privadas, los únicos en auxiliarlo según parece. El informe es contradictorio y confuso: ¿rechazó el pesquero cualquier tipo de ayuda o es que realizó llamadas de auxilio transmitidas a las autoridades? ¿Qué tipo de ayuda les ofrecieron? ¿Sabían las personas a bordo el historial de disparos, golpes, y abandonos en plena mar de las fuerzas griegas con los migrantes? ¿Fueron los guardacostas griegos los que realmente provocaron el naufragio? ¿Su deber no consistía en salvar a la gente en peligro mar adentro sin dilaciones?
Sabemos que la mayoría de personas presentes en la nave, y la mayoría de los demás que intentan la travesía son originarios de antiguas colonias europeas que nunca consiguieron recuperarse plenamente de esta experiencia, y sufren en la actualidad el mal gobierno autoritario, las catástrofes climáticas y la guerra. Tanto si huyen o no de la persecución del gobierno, están buscando un futuro mejor y la UE ha fracasado a la hora de proponerles vías de entrada seguras y legales.
También sabemos que nueve hombres de nacionalidad egipcia han sido arrestados y acusados de homicidio. La atención de los políticos, medios de comunicación, y del público, se centrará en la trata de seres humanos, la lucha contra el crimen organizado, alejándose del problema. Así acaban en el olvido las más de 2.700 personas que fallecieron sobre el mismo trayecto en 2022 y las 1.039 que ya naufragaron en lo que va de año, según las estimaciones.
Debido a la indignación de la opinión pública, los políticos han entrado en una fase de duelo fingido, suspendiendo campañas, realizando declaraciones vacías sobre más análisis, investigación, y operación de salvamiento de supervivientes que nunca serán encontrados.
El verdadero problema se encuentra en la política de la UE que resulta mortífera para los migrantes e injusta para los países a los que llegan primero, la mayor parte del tiempo Italia y Grecia, en los que la mayor parte de los demandantes de asilo siguen siendo devueltos. El apoyo financiero que reciben solo cubre una parte de sus gastos y la cooperación operativa actual no cambia nada a esto. Así postergan la búsqueda y las operaciones de salvamento marítimo, y obstaculizan las actividades de los barcos de las ONG. Italia limita duramente los desembarcos y confisca los buques de salvamento, Grecia devuelve ilegalmente los migrantes a Turquía. El presupuesto de Frontex ha aumentado un 2.763 por ciento desde 2006. Influenciada por la industria armamentística, la UE propone multiplicar por tres la financiación dedicada a las fronteras, las migraciones y el asilo (hacia los 9 mil millones de euros), ahora en sintonía con la defensa, en conformidad con la agenda reformada de seguridad colectiva.
En general, cada vez más estados miembros fracasan a la hora de defender el derecho de asilo, debilitando el acceso al pleno cumplimiento de su tramitación de manera justa, lo que les diferencia entre ellos en el seno de la UE. Siguen erigiendo vallas en las fronteras terrestres y marítimas, practican devoluciones en caliente, y procuran que los traslados sean casi imposibles. En toda la UE, la acogida de manera inadecuada está dañando la salud, impidiendo la participación de la sociedad y socavando el ejercicio efectivo del derecho de asilo.
Sigue existiendo una realidad fuera del sistema en la que los empleos con sueldos bajos de la agricultura, la industria, y los servicios, están cubiertos por una mano de obra constituida por inmigrantes regulares e irregulares. Al no estar reconocidas sus titulaciones académicas, y al enfrentarse a la barrera del idioma, aunque tengan un alto nivel educativo quedan atrapados viviendo de contratos laborales precarios.
Y puede ser que lo peor quede por venir. En abril, el Parlamento Europeo aprobó el Nuevo Pacto sobre Migraciones y Asilo, dejando vía libre a los diputados europeos para negociar las propuestas de ley con los ministros de los países miembros en Abril 2024, justo antes de las elecciones europeas. Sus principales aspectos consisten en la externalización, el refuerzo de las fronteras, la detención, el traslado inmediato, y la criminalización. Aunque estas palabras clave sean una responsabilidad compartida y solidaria, mantienen el criterio de responsabilidad para el primer estado de la unión en el que entren y lo extienden a las personas que desembarcan después de una operación de salvación marítima. Los que objeten no tienen ninguna alternativa, están obligados a tramitar su solicitud en el primer estado miembro al que lleguen, quedarse allá mientras se decida su estatuto, y después de ser trasladados, perder sus derechos en caso de que se marchen.
Se asignó a los estados fronterizos de la UE nuevos deberes, al tener que detener cualquier migrante irregular durante cinco días (10 en tiempos de crisis) como investigación pre-entrada después de la que se les tramitará el expediente de asilo dentro de la UE o a su frontera, o procedimientos de retorno (en la UE) o que se les niegue la entrada y se les devuelva sin derecho a apelación u otras garantías legales. La preselección también se aplicará a los inmigrantes irregulares que ya viven en la UE, que pueden ser arrestados y detenidos durante 3 días sin asistencia legal ni derecho a contactar a nadie. Frontex se expandirá para convertirse en el brazo operativo de la política de deportación.
Si la solicitud de un migrante aún está en curso pasados 3 meses (o 10 en periodos de crisis), se le permitirá ingresar en la UE, pero puede pasar por 3 procedimientos de determinación de responsabilidad y dos traslados antes de que se le conceda un proceso de asilo. Si son rechazados, serán detenidos hasta por 3 meses durante el procedimiento fronterizo de retorno. Después de eso, serán detenidos en la UE bajo la Directiva de Retorno hasta por 18 meses. No tendrán derecho a revisión judicial, ni acceso a abogados o actores humanitarios que operen más allá de la frontera de la UE.
Analizando más allá de la detención, el Nuevo Pacto erosiona aún más el derecho individual de asilo al introducir diferentes estándares para los procedimientos fronterizos basados en el país de origen. Ignora la legislación nacional de más de la mitad de los estados miembros que prevé otras medidas de protección (por razones médicas, familiares o humanitarias) que otorgan permisos de residencia o procedimientos de regularización. También niega las necesidades de los niños: solo los menores no acompañados deben ser adecuadamente protegidos y se debe tener en cuenta su interés superior.
Ahora es el momento de oponerse a esta legislación. La migración está dentro de los intereses de Europa. En lugar de criminalizar la migración, necesitamos una política humana que proporcione vías de entrada seguras y legales basadas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que incluye el derecho a solicitar asilo. Debemos detener la vergonzosa pérdida de vidas en el Mediterráneo y para eso necesitamos un sistema justo, basado en los derechos humanos, accesible y bien financiado con verdadera solidaridad y responsabilidad compartida
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