Tras puertas cerradas, con total secretismo hacia la opinión pública, están teniendo lugar negociaciones que amenazan a la base de nuestra democracia y a la protección de nuestro medio ambiente.
La Unión Europea está ultimando tratados de comercio e inversión con diversos países del mundo, con el objetivo de facilitar a las empresas extranjeras invertir en nuestro territorio. En principio, no hay nada de malo en ello. Pero inevitablemente, llega la letra pequeña:
“Facilitar la inversión” significa permitir a estas empresas obviar los rigurosos controles europeos de sanidad, seguridad y calidad, que las empresas europeas tienen que seguir;
“Facilitar la inversión” significa mirar hacia otro lado mientras estas empresas destruyen nuestro medio ambiente;
“Facilitar la inversión” significa sacrificar cualquier derecho laboral que moleste a los bolsillos de los empresarios multinacionales.
En la agricultura, sector importante para los países de sur de Europa donde está mayoritariamente en las manos de pequeños productores, ya vemos como la producción de semillas se ha concentrado entre un puñado de empresas grandes que ahora reclaman derechos de propiedad sobre la genética. Ya hemos visto en España la apropiación por el gobierno anterior de la luz del sol, esencialmente para favorecer su comercialización a favor de intereses empresariales.
Y la guinda del pastel: estos tratados establecen la creación de sistemas legales paralelos que ponen a las empresas en igualdad con los Estados. Cualquier ley, acción de gobierno, medida de protección medioambiental o inversión social puede ser objeto de demanda de estas empresas, y derribar así nuestra democracia. Ya existen ejemplos de empresas multinacionales que usan estos tratados para exigir compensación para daños percibidos a su rentabilidad.
Si estos tratados de comercio e inversión, como se plantean hoy, siguen su curso, supondrán el fin del Estado de derecho en Europa. En definitiva, pondrán a los Estados a merced de las empresas gigantes. Es muy fácil reclamar, por ejemplo, que la legislación ambiental obstaculiza su explotación por grandes intereses comerciales, porque es verdad, es lo que hace – y por razones muy buenas de proteger nuestros recursos naturales para los nietos de todo el mundo.
Pero hay esperanza: la lucha en las calles de toda Europa derribó el TTIP, el tratado de comercio e inversión con Estados Unidos. El poder de la mayoría puede vencer a los grandes intereses corporativos si es determinado y firme. A medida que el CETA canadiense, el JEFTA japonés, el TISA, y otros priorizan injustamente los intereses de corporaciones multinacionales sobre los derechos de trabajadores, sobre el patrimonio natural, nos opondremos a ellos y ofreceremos fórmulas alternativas.
Por todo ello, el PNC de DiEM25 España ha decidido adherirse a la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión. No es necesario que el comercio internacional subordine el poder de gobiernos elegidos. El comercio internacional puede continuar de forma rentable sin esclavizar a trabajadores, sin hacer daño al medio ambiente. Es esa alternativa justa, sostenible y democrática que proponemos al contraste del modelo de comercio neoliberal que vemos presentado en los tratados actualmente en discusión.
Es posible, sin embargo, que los líderes europeos tengan estas consideraciones en mente y que los tratados que negocian garanticen los intereses de toda la ciudadanía europea. Pero si es así, ¿por qué tienen que negociar tras puertas cerradas? ¿Qué saben de los intereses de toda la ciudadanía, si no la consultan? Hasta ahora, nadie ha dado una respuesta coherente.
Ante la oscuridad de las negociaciones, arrojaremos luz y expondremos sus entresijos.
Frente a quienes ven nuestra tierra y nuestra gente como meros elementos desechables de sus inversiones, lucharemos por la justicia social y medioambiental.
Michael Allen es Coordinador de Expansión de Miembros y DSC Temáticos de DiEM25 España.
Marc J. Almagro es Coordinador de Políticas de DiEM25 España.
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