La escasez económica revelada por la pandemia de COVID-19 ha impulsado al Congreso español a acelerar la aprobación del ingreso mínimo vital, el pasado 10 de junio

Se trata de un avance significativo, aprobado sin voto en contra, en un país en el que la redistribución ha sido históricamente insuficiente.

La tasa de pobreza severa en España asciende al 12,4% de la población, el doble que la media europea. Además, 120.000 hogares en los que viven niños carecen de cualquier tipo de ingreso. En ausencia de medidas financieras impulsadas por el Estado para paliar esta situación, la pobreza infantil tiene muchas probabilidades de persistir en la edad adulta.

El actual gobierno de coalición de izquierdas ha acelerado el diseño e implementación del ingreso mínimo vital y movilizado aproximadamente 3.000 millones de euros. Será abonado este mes de junio, por la Seguridad Social, a aquellos hogares que carecen de medios suficientes para garantizar su supervivencia, siempre que puedan demostrar que han residido legalmente en España por más de un año. 850.000 familias en riesgo de exclusión social, que representan más de 2,3 millones de personas, se beneficiarán de ello. En palabras del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el ingreso mínimo vital es “un seguro colectivo que rescata a personas que sufren carencias severas y las empuja a la integración social”. Este ingreso oscilará entre 462 y 1.015 euros, dependiendo de las características de cada hogar. 16% de los beneficiarios serán familias monoparentales, generalmente encabezadas por madres solteras.

Esta medida, liderada por la coalición de izquierdas actualmente en el gobierno, entre PSOE y Unidas Podemos, ha logrado el consenso de todo el espectro político.

El partido de centro-derecha Ciudadanos lo ha calificado de “absolutamente necesario” para “no dejar a nadie atrás”, mientras que el anterior partido de gobierno, el PP, también se ha mostrado abiertamente a favor. Pese a llamar a la medida “antipatriótica” por su supuesto efecto llamada frente a la inmigración, el partido ultraderechista Vox ha decidido no votar contra el ingreso mínimo vital o, más bien, abstenerse de votar sobre la medida. De hecho, muchos de los beneficiarios serán residentes nacidos en España. El representante de Unidas Podemos ha calificado la medida de “la mejor vacuna contra los discursos del odio”.

El partido de izquierdas catalán, ERC, ha lamentado que las personas indocumentadas en riesgo de exclusión o en situación de extrema pobreza no vayan a poder percibir este ingreso mínimo vital, y también lo que ha considerado un plazo excesivamente largo pasado en la pobreza (1 año) como requisito para su cobro.

Queda por ver cómo podrán beneficiarse de este ingreso las víctimas de tráfico y trata de personas, tras la alusión a esta posibilidad hecha por la Ministra de Igualdad y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ello sin duda tendría la virtud de dirigirse a personas en situación de extrema vulnerabilidad, mayoritariamente mujeres, así como de posibilitar la recogida de datos fiables sobre la magnitud y el impacto de estos delitos.

El pacto de coalición firmado en 2019 establecía que el ingreso mínimo vital se centraría en la pobreza extrema y se extendería progresivamente a otros hogares con bajos ingresos. Muy probablemente no se trate del último paso dado por España para reducir la desigualdad.

¿Se generalizará (por fin) la renta universal?

La pobreza extrema y la exclusión social tienen consecuencias profundas y difíciles de revertir para quienes las sufren. La pobreza no es una elección. Viene causada por el diseño de nuestras sociedades y debe ser atendida. Este año, incluso la economía ultraliberal estadounidense ha sido noticia al acordar el paquete de medidas más cuantioso de su historia, que incluye transferencias financieras para ciudadanos en riesgo de exclusión social. Con sociedades cada vez más desiguales, sistemas fiscales insuficientemente redistributivos y una nueva crisis multinivel revelada por la pandemia de Covid-19, las rentas mínimas universales son una parte importante del debate político actual.

DiEM25 siempre ha apostado por medidas similares al Dividendo Básico Universal, como paso a favor de la redistribución. Pero, al contrario que cualquier otra renta o ingreso universal existente hasta la fecha, el Dividendo Básico Universal (UBD por sus siglas en inglés) sería sufragado por las grandes corporaciones y no por ciudadanos personas físicas.

Puesto que los sistemas fiscales no han conseguido gravar suficientemente las rentas más altas y son menos progresivos de lo esperado, ponen una presión proporcionalmente mayor sobre las rentas bajas y medias. Ello impacta negativamente a la capacidad redistributiva global: la mayoría de los países del mundo contemplan a los ricos devenir más ricos, y a los pobres, más pobres, lo que crea una distancia nunca vista entre ellos.

El Dividendo Básico Universal de DiEM25 se llama “dividendo” precisamente porque sería financiado por una parte de los beneficios de las compañías cotizadas, a raíz de transacciones bursátiles u ofertas públicas de venta, y gestionado conjuntamente por un fondo europeo.

El UBD serviría de red de seguridad contra la exclusión social al nivel europeo.

Las crisis sanitaria y humanitaria desatadas por la pandemia nos han demostrado la importancia de un estado centrado en el bienestar de los individuos más que en el crecimiento económico. Un modo de vida sostenible, humano, requiere medidas que reduzcan las desigualdades sistémicas de nuestra organización social.

La economía neoliberal ha demostrado tener límites: ningún mercado fue (o pudo haber sido) capaz de progresar en ausencia de un gasto público diseñado para proteger y responder a las necesidades humanas. Nuestra interconexión significa que debemos pensar a nivel global. Luchar contra la pobreza con medidas realmente redistributivas, como el Dividendo Básico Universal, y ajustar nuestro modo de vida para una producción y un consumo sostenibles, deberían ser prioritarios tras el confinamiento.

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