Luchando contra el Decreto Martina: ¡Ganamos la primera batalla!

El anterior gobierno de Italia promulgó un decreto por el que se introducían algunos plaguicidas muy peligrosos en febrero de 2018.
El objetivo era luchar contra una enfermedad de los olivos llamada Xylella en la región sur de Puglia. Dos de los plaguicidas – imidacloprid y acetamiprid – son potencialmente mutagénicos y constituyen una grave amenaza para la salud humana, la calidad del suelo, el agua y las abejas. Esta es la razón por la que anteriormente estaban prohibidos o muy regulados por la legislación de la UE.
En DiEM25, estábamos seguros de que el Decreto Martina era ilegal – y eso es lo que escribimos en nuestra queja formal a la Comisión Europea el lunes por la mañana.
Hoy, la Comisión ha declarado informalmente que teníamos toda la razón.
La agencia de prensa italiana ANSA escribe: “como subraya un portavoz de la Comisión de la UE, después de que el movimiento político de Yanis Varoufakis, DiEM25, y la ONG The Good Lobby presentaran una denuncia, la Comisión es consciente de que en el decreto ministerial el imidacloprid figura entre las sustancias que podrían utilizarse contra el insecto portador. No obstante, esta utilización requeriría, en primer lugar, una autorización específica de las autoridades italianas, que aún no ha sido expedida, por lo que su utilización está prohibida. Las autoridades italianas también tienen la obligación de notificar la medida al anterior Gobierno italiano que promulgó un decreto por el que se introducían algunos plaguicidas muy peligrosos en febrero de 2018.
Esto es exactamente de lo que se trataba nuestra queja.
Hoy hemos obtenido una primera victoria muy importante: pero esta es solo la primera batalla y, junto con las ONG que han estado luchando durante años, junto con nuestros activistas locales y con los agricultores y alcaldes desobedientes, debemos ir a ganar la guerra ahora.

  • Exigimos al nuevo gobierno italiano que modifique o retire inmediatamente el Decreto Martina. El riesgo, en caso de que el gobierno decida no hacerlo, sería entrar en el enésimo procedimiento de infracción de la UE.
  • Exigimos que la Comisión Europea se mantenga firme para proteger el derecho fundamental a la salud de las mujeres y hombres de Apulia.
  • Exigimos a todas las partes interesadas, agricultores, alcaldes, ONG y ciudadanos que extiendan la desobediencia constructiva a un decreto ilegal y que se nieguen a aplicarlo.

Vamos hasta el final, con la cabeza en Bruselas y los pies en los territorios.

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