En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó a favor de permitir que las negociaciones de un tratado jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales (STN) rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. La semana pasada, el 8 de marzo, el Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) presentó el informe de la tercera sesión, que incluyó la participación de más de 100 Estados y 200 organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa fue copatrocinada por Ecuador y Sudáfrica, y desde el principio, dos notables jugadores se han resistido e incluso han intentado sabotear el proceso: los Estados Unidos y la Unión Europea.
Ambos votaron en contra del inicio de las negociaciones del tratado en 2014, y la delegación de Estados Unidos dijo que cualquier tratado «solo sería vinculante para los Estados que se hicieran parte del mismo». La UE ha sido coherente en su escepticismo, utilizando críticas técnicas como la cuestión de que puede no haber un precedente legal en el derecho internacional, y si el tratado propuesto entraría en conflicto con los acuerdos de comercio e inversión. Los intentos de los representantes de la UE de ralentizar o bloquear el proceso han sido sutiles, por ejemplo, al rechazar el programa de la última sesión, de modo que había que ultimarlo cuando ya deberían haberse iniciado los debates. Pero también han sido atrozmente directos: durante las negociaciones sobre el presupuesto bianual del Consejo de Derechos Humanos en diciembre pasado, los representantes de la UE incluso intentaron eliminar el presupuesto asignado para la cuarta sesión del IGWG en octubre de este año.
Todo esto a pesar de que el Parlamento Europeo emitió una resolución el pasado mes de septiembre en apoyo del proceso vinculante del Tratado, planteando la siguiente pregunta: ¿a quién representan los representantes de la UE?
Es importante destacar que la UE ha sido representada como un bloque. Esto ha tenido el efecto de silenciar opiniones que podrían oponerse al consenso. Por ejemplo, en 2017 Francia adoptó una ley similar a la del tratado vinculante, la «Loi de Vigilance», que hace que las empresas francesas identifiquen y prevengan el riesgo de violaciones de los derechos humanos en toda su cadena de valor y a nivel mundial. De hecho, Francia ha sido uno de los países más solidarios de la UE, pero a lo largo del proceso no han sido capaces de desafiar el «consenso» de la UE.
Todo esto es simplemente inaceptable. Los representantes de la UE tienen que dejar de bloquear el proceso y empezar a participar de forma constructiva, tal y como se les exige del Parlamento Europeo.
Como movimiento paneuropeo progresista, DiEM25 debería apoyar el proceso vinculante de los tratados y los miembros de DiEM25 deberían presionar a sus gobiernos para que apoyen también el proceso.
David es miembro de DSC Copenhague.
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